20 July 2020

Polémica sentencia sobre despidos relacionados con el COVID-19

A continuación pasamos a exponer un breve comentario sobre la reciente y relevante sentencia del Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell en materia de despidos relacionados con el COVID-19 que trae consigo una indudable polémica. La sentencia número 316/2020 a la que hemos tenido acceso viene a declarar nulo el despido de una trabajadora con un contrato temporal por obra y servicio que se extinguió el pasado 27 de marzo de 2020. 

Los hechos de la sentencia son los siguientes:

La trabajadora, con una antigüedad desde el 11/06/2019 venía prestando servicios para la empresa Bimbo Donuts Iberia SAU en virtud de distintos contratos temporales (el último por obra y servicio). La demandada comunicó a la trabajadora el 27/03/2020 que causaría baja en la empresa por finalización de la obra o servicio con efectos del día 28/03/2020. La trabajadora ante esta situación, demanda a la empresa solicitando la nulidad del despido en base a distintos motivos, siendo uno de ellos que la extinción de su contrato de obra se ha hecho en vulneración de las garantías previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (“RDL 8/2020”) y el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (“RDL 9/2020”) artículo 2, siendo finalmente estimadas sus pretensiones.
 
El Juez concede la calificación de “despido nulo” con obligación de readmisión y sin posibilidad de abonar una indemnización. Los fundamentos jurídicos esgrimidos en la sentencia para declarar la nulidad del despido son los siguientes:
 
(I) Que en la fecha de comunicación de la extinción del contrato de trabajo (27/03/2020), estaba en vigor el RDL 463/2020, de 14 de marzo, por el que se adoptaban medidas de limitación de movilidad de la población, así como el RDL 8/2020, y además, estaba pendiente de publicación el RDL 9/2020 que fue publicado el día 28 de marzo con entrada en vigor ese mismo día, pareciendo, a ojos de la juzgadora,“ no verosímil considerar que la demandada desconociera los términos de la norma en el momento de notificar la extinción”.

(II) Que, la sentencia viene a justificar que, aún no habiéndose publicado el RD 9/2020 en el momento en el que se entregó la carta de despido, la empresa debería haber tenido conocimiento de la regulación que se aprobaría, donde se diría que la Fuerza Mayor y las causas Económicas, Técnicas, Organizativas y Productivas (“ETOP”) no se podrían entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

(III) Que, como consecuencia de ello, y por una vulneración del artículo 2 del RDL 9/2020, declara el despido de la trabajadora no improcedente sino  nulo, con obligación de la empresa de readmitirla y de abonarle los salarios de tramitación correspondientes; interpretando así que la “falta de justificación” de las causas conducen a un supuesto de nulidad de la extinción.  
 
Es importante resaltar que aún cuando ya advertimos de este posible riesgo interpretativo en nuestras previas comunicaciones con fecha 30 de marzo de 2020, no ha dejado de sorprendernos la rotundidad de la sentencia condenando a la empresa -sin paliativos- a cargar con la calificación de nulidad de la extinción practicada. 
 
En cualquier caso, y sin ánimo de restar importancia a este pronunciamiento -que es relevante-, no es menos cierto que debemos tomar sus efectos en su justa medida en el sentido de que no deja de ser una sentencia de un Juzgado de lo social y que no es vinculante para el resto de Juzgados o Tribunales, ni en ningún caso asienta doctrina ni jurisprudencia. No debemos olvidar tampoco, que esta sentencia es susceptible de recurso y por tanto puede ser que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoque el fallo, ante lo que estaremos muy pendientes para hacéroslo saber lo antes posible.  

Por último, entendemos que es relevante destacar que, de seguirse esta interpretación, las empresas estarían afectadas por esta “prohibición” de despedir por causas relacionadas con el COVID-19 hasta el 30 de septiembre de 2020 estando afectados potencialmente de nulidad los despidos practicados desde el 28 de marzo y hasta el 30 de septiembre (sin que quepa descartarse que futuras normas pudieran extender la vigencia de la prohibición de despedir más allá de esta última fecha).
 
Con este panorama interpretativo, y ahora más que nunca, entendemos que hay que ser muy cautelosos a la hora de plantearse extinciones de contratos de trabajo, puesto que el riesgo de nulidad de los despidos está latente. De esta forma, sabed que estamos a vuestra disposición para comentar cualquier escenario en el que os planteéis la necesidad de amortizar puestos de trabajo para ayudaros a analizar juntos las distintas opciones que la legislación contempla en la actualidad y encontrar la vía óptima de extinción para cada supuesto; intentando  minimizar los riesgos legales que en la actualidad existen en materia de extinción de contratos. 

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