22 April 2020

Análisis de las medidas en el ámbito laboral del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Cumplido el mes y medio de confinamiento, hoy, miércoles 22 de abril de 2020, se ha publicado el nuevo Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (el “RDL 15/2020”). 

El RDL 15/2020 incorpora nuevas medidas económicas y sociales centradas en el apoyo a las empresas y a los trabajadores para continuar contrarrestando el impacto del COVID-19. Entre los objetivos de las medidas está el reducir los costes operativos de PYMES y autónomos, el refuerzo de la financiación de las empresas, la ampliación del apoyo en el ámbito fiscal, la facilitación del ajuste de la economía, y la protección del empleo. 

En el ámbito laboral, destacan las siguientes disposiciones: 

Prórroga del carácter preferente del trabajo a distancia y del derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada establecidos. (Artículo 15). 

Se prorroga la vigencia de los establecido en los artículo 5 y 6 del Real Decreto-ley 8/2020 (“RDL 8/2020”) de 17 de marzo y modificación del artículo 6, con el objetivo de continuar garantizando la seguridad y protección de los trabajadores, se prorroga durante dos meses (a contar desde el mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma), el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada. 

Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el periodo de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma (Artículo 22).
Se amplía el colectivo de trabajadores beneficiarios de la prestación de desempleo. En este sentido, se considera que toda extinción de la relación laboral durante el periodo de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior. 

Asimismo, se amplía la cobertura de desempleo a aquellas personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si ésta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. La situación legal de desempleo se acredita mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

Modificación del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (fuerza mayor parcial). (Disposición Final VIII).

Se acota la definición de fuerza mayor para las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma. Se entenderá que concurre fuerza mayor respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividades no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad. 

Asimismo, se le da mayor protección a los trabajadores fijos-discontinuos establecida en el RDL 8/2020 (Artículo 25 apartado 6) a:

  • Los trabajadores fijos discontinuos y a aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad productiva.
  • Trabajadores que vean interrumpida su prestación de servicios y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.
  • Trabajadores, que acrediten que no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento. Si, por el contrario, en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse no estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el periodo cotizado necesario, se le reconocerá el derecho a dicha prestación.
  • Trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y careciesen del periodo de ocupación cotizado necesario, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, con un límite máximo de 90 días. La cuantía será igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva. 

Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Disposición Adicional II).

En coherencia con la suspensión de plazos y actuaciones judiciales y administrativas, se suspenden los plazos que rigen en el ámbito de funcionamiento y actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la excepción de los casos en los que la intervención de dicho organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el COVID-19, es decir, actuaciones comprobatorias y aquellos requerimientos y órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección del interés general. 

En consonancia, se suspenden asimismo los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades relativas al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social, así como los plazos para la imposición de sanciones por infracciones, y los de expedientes liquidatorios. 

Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (la “LISOS”), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Disposición Final III):

Se modifica parcialmente el artículo 23 y se añade un apartado 3 al artículo 43 de la LISOS para abarcar la sanción por efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, y para establecer una responsabilidad empresarial que implica la devolución directa, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores, cuando no medie dolo o culpa de estos.

Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (Disposición Final IX):

Modificación de la Disposición Adicional II, de tal forma que se refuerzan las sanciones a aquellas empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades o incorrecciones. Será objeto de sanción también, la conducta empresarial consistente en solicitar medidas, en relación con el empleo que no resultaran necesarios o no tuvieran conexión suficiente con la causa originaria, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquéllas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social. 

El reconocimiento indebido por causa no imputable a la misma dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente generadas. Medida exigible, hasta la prescripción de las infracciones.

Asimismo, la persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo. 

Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (Disposición Final X):

Se modifica el artículo 35 sobre el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social, modificando el procedimiento de resolución. El aplazamiento quedaría formalizado de la siguiente forma: podrán acogerse a este beneficio, aquellas empresas y trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, siempre que no tengan otro aplazamiento en vigor, y cuyo plazo de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020. 

Asimismo, se aplicará con las siguientes particularidades: 

  • Interés del 0,5%.
  • Las solicitudes, deberán efectuarse antes del transcurso de los 10 primeros días naturales de cada uno de los plazos de ingreso.
  • El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que se haya dictado, sin exceder las 12 mensualidades.
  • La solicitud, determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio hasta que se dicte la correspondiente resolución.
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