01 April 2020

RDL 11/2020: nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para afrontar la crisis del COVID-19

Ante la situación de emergencia pública, el Gobierno suma a los ya publicados, el nuevo Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (“RDL 11/2020”). El RDL 11/2020 es un texto extenso estructurado en 3 capítulos, 54 artículos, 22 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y 4 anexos. En este sentido, analizaremos a lo largo de esta nota informativa los aspectos laborales más relevantes que regula, previa exposición de los principales pilares del mismo.

El primer capítulo se dedica a medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, entre las que se encuentran moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual y suspensiones de los procedimientos de desahucio, posibilidad de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, y las medidas de apoyo a determinados trabajadores, empresas y autónomos que seguidamente desarrollaremos. Por otra parte, el segundo capítulo se centra en procurar el sostenimiento de la actividad económica, con medidas de apoyo a la industrialización, flexibilización en materia de suministro para autónomos y empresas, entre otros. Por último, el tercer capítulo, bajo el título de “otras medidas”, se refuerzan, por un lado, varias de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020 (“RDL 8/2020“), como las relativas al control de las inversiones exteriores o a la protección del consumidor en relación con las comunicaciones electrónicas y, por otro lado, se introducen otras medidas para aumentar la resistencia del sistema financiero español frente a posibles vaivenes de los mercados.

Adicionalmente, es importante destacar que en la Disposición Final duodécima se establece la vigencia de las medidas previstas en el RDL 11/2020 hasta un mes después del levantamiento del estado de alarma, con la excepción de las medidas para las que se haya regulado un plazo determinado, cuya duración se sujetará al mismo. 

Una vez expuesto a grosso modo el contenido regulado en el RDL 11/2020, pasamos a detallar los aspectos introducidos en materia laboral:

NOCIÓN “COMPROMISO DE EMPLEO” 

El RDL 8/2020 subordinaba la aplicación de las medidas extraordinarias en materia laboral, al mantenimiento del empleo, a este respecto, el RDL 11/2020 regula que este mantenimiento se valorará en base a la casuística de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, así como las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual.

Por otra parte, en el caso de contratos temporales, el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido en el caso de que el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido, o la realización de la obra o servicio para el que fue formalizado, ni en el caso de que la realización de la obra o servicio que constituye su objeto no pueda realizarse de forma inmediata.

Adicionalmente, en la Exposición de Motivos III, Sección 2ª, el RDL 11/2020 establece que el compromiso de mantenimiento de empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario que se declare procedente, o por dimisión, jubilación, o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora.

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDAD PARA LAS PERSONAS INTEGRADAS EN EL SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El nuevo RDL 11/2020 con ánimo de ayudar a un colectivo especialmente desprotegido, regula un subsidio por desempleo temporal para las empleadas de hogar, compatible con el mantenimiento de una parte de la prestación de sus servicios. Este subsidio se puede solicitar tanto por los trabajadores que hayan visto extinguida su relación laboral (desistimiento del empleador) o por la causa de despido recogida en el artículo 49.1.k ET, como por los que hayan dejado de prestar servicios de manera temporal, total o parcialmente, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

La acreditación del hecho causante exige una declaración responsable, firmada por la persona/s empleadora/s que hayan prescindido de la totalidad o de parte de los servicios del empleado/a del hogar, o, en su caso, la carta de comunicación de terminación de relación laboral. 

SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL 

Otro colectivo con una importante carga de vulnerabilidad son los trabajadores temporales, para los cuales también se articula un subsidio especial, para el supuesto de que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, de al menos dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma, y no contarán con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio. 

Adicionalmente, se establece la incompatibilidad de este subsidio con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas públicas análogas. 

En cuanto a la cuantía y duración, consistirá en una ayuda mensual del 80 % del IPREM vigente, durante un mes, ampliable si así se determina por un nuevo Real Decreto-ley. 

COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DURANTE LA PERMANENCIA DEL ESTADO DE ALARMA 

En cuanto al subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por el ERTE que tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 de 14 de marzo.

En este sentido, establece el RDL 11/2020 que será compatible el percibo del citado subsidio, con la percepción de la prestación por desempleo que, como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de empleo, pudiera tener derecho a percibir.
Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el período por cotizado a todos los efectos.

PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL A TRABAJADORES ESENCIALES EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO TOTAL 

Regula el RDL 11/2020 en su Disposición Adicional vigesimoprimera que, de manera excepcional y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto ley 10/2020, siempre que: 

• se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y al/a la trabajador/a le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente;

• el/la trabajador/a no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o si mismo/a; y

• el/la trabajador/a no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PARA EL AÑO 2020

Se establece que, con carácter excepcional y extraordinario, dado el impacto económico de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020, podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo definidas en el artículo 265 Ley General de Seguridad Social, o para financiar programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS 

El Gobierno también ha aprobado a través del RDL 11/2020 medidas de ayuda a los autónomos con el fin de procurar paliar las consecuencias de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Son dos las medidas aprobadas: 

• Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social: Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar, siempre y cuando cumplan con unos determinados requisitos que se establecerán mediante Orden Ministerial, una moratoria de 6 meses del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta. El periodo de devengo, en el caso de las empresas estará comprendido entre los meses de abril y junio de 2020, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre el mes de mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma. 

Las empresas deberán presentar la solicitud a través del Sistema RED, y deberán ser solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones. Por el contrario, los trabajadores por cuenta propia deberán presentar la solicitud a través del Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles.

Plazos: Las solicitudes deberán comunicarse dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos de ingreso correspondientes a los períodos de devengo. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los 3 meses siguientes al de la solicitud. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.

Los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de recaudación conjunta, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor, no podrán beneficiarse de esta moratoria. 

Serán objeto de las correspondientes sanciones, aquellas solicitudes presentadas que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados. El reconocimiento indebido de moratorias dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria del correspondiente recargo e intereses. 

• Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social: Las empresas y los trabajadores por cuenta propia siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tendrá lugar entre los meses de abril y junio de 2020. En este caso, marca el RD 11/2020 que será de aplicación el interés del 0,5% en lugar del previsto en el art. 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-ley 8/2015, de 30 de octubre (“LGSS”). Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los 10 primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso. 

DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que declara el estado de alarma, los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos: 

• encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE por causa del COVID-19;

• ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma; y

• en el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se establece la limitación de que los importes máximos a disponer no deben ser superiores a los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE.

PLAZOS PARA RECURRIR EN VÍA ADMINISTRATIVA 

A través de la DA octava, se amplía el plazo para recurrir, de tal forma que el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del Estado de Alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación. 

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL

Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del Estado de Alarma y sus correspondientes prórrogas, dice la DA decimonovena que, se aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objeto de una rápida recuperación económica.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN Y PROTECCIÓN POR DESEMPLEO EN RELACIÓN CON LOS ERTES POR FUERZA MAYOR POR CAUSA DEL COVID-19

Establece el RDL 11/2020 que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y en el artículo 25.1 1 a 5 del RDL 8/2020, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 8/2020, siempre que deriven directamente del COVID- 19.

Asimismo, en relación con las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos (artículo 25.6 RDL 8/2020), se aplicarán a los trabajadores que hayan visto suspendida su relación laboral con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del RDL 11/2020, siempre que dicha suspensión sea consecuencia directa del COVID-19.

APLICACIÓN DE LOS ERTES A LAS EMPRESAS EN CONCURSO 

Asimismo, se incorporan medidas en la Disposición Adicional décima que serán de aplicación para las empresas en concurso que lleven a cabo procedimientos de suspensión del contrato de trabajo y de reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causa ETOP, siempre y cuando concurran los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020.

La normativa aplicable en estos procedimientos, la prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (“ET”), con las especialidades previstas en los artículos 22 a 28 y DA 6ª del RDL 11/2020, sin que resulte de aplicación el procedimiento del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Además, resultarán aplicables a la tramitación y resolución de dichos procedimientos las siguientes especialidades: 

• Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas por la empresa concursada con la autorización de la administración concursal, o por la administración concursal directamente, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales.

• La administración concursal será parte en el período de consultas en el artículo 23 del RDL 11/2020.

• La decisión de aplicación de las medidas sobre suspensión de contratos o reducción de jornada, en los supuestos previstos en el artículo 23, deberá contar con la autorización de la administración concursal o ser adoptada por esta, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales, en caso de que no se alcance acuerdo al respecto en el periodo de consultas. 

• En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y medidas aplicadas al juez del concurso, por medios telemáticos. 

• En los supuestos del apartado 1 del artículo 47.1 párrafos 10,15 y 16 ET y el artículo 33.6 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, será el juez del concurso el que conozca de las impugnaciones a que los mismos se refiere. Estas impugnaciones se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación. 

Share on LinkedIn Share on Facebook Share on Twitter
    También puede ser de su interés

    El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea da un giro de 180º al criterio interpretativo acerca del periodo de 90 días en los despidos colectivos

    19 November 2020

    El equipo de Derecho Fiscal de KWM destaca las principales medidas contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021

    03 November 2020

    El equipo de KWM analiza las nuevas medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados en Cataluña

    29 octubre 2020

    El equipo laboral de KWM analiza en una guía práctica las nuevas normas en materia de igualdad laboral y retributiva entre hombres y mujeres en España

    20 octubre 2020

    Otras áreas de práctica

    Consulte qué asesoramiento legal podemos ofrecerle en su sector.