08 November 2019

Uso del open data para predecir una decisión judicial

*Autor del artículo: Javier Martínez, Asociado Senior del equipo de Litigios y Arbitraje

En los últimos años hemos sido testigos del fenómeno de los “datos abiertos” (open data), en el cual las Administraciones Públicas han emprendido esfuerzos -en España contamos con la “Iniciativa Aporta”- para incrementar su transparencia y la accesibilidad de sus datos para su posterior aprovechamiento y reutilización en beneficio de todos. En el mundo jurídico, una de las consecuencias del open data se concreta en el acceso gratuito a repertorios jurisprudenciales públicos como CENDOJ.

Por otro lado, el desarrollo de la inteligencia artificial y del procesamiento de lenguaje natural han revolucionado el sector jurídico. Hoy contamos con aplicaciones que permiten elaborar contratos complejos en pocos minutos. La informática actual también nos permite confeccionar smart contracts que ejecutan automáticamente sus términos impidiendo interpretaciones yuxtapuestas que deriven en posteriores disputas judiciales. 

La combinación de esos tres elementos (open data, inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural) ha derivado en el nacimiento de una nueva disciplina: la predicción judicial. El 24 de octubre de 2016 se publicaba el artículo Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective. En él, sus autores realizaron el primer estudio sistemático de los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde una perspectiva puramente textual. Concluyeron que eran capaces de predecir la friolera de un 79% de las decisiones del Tribunal. 

No es de extrañar, por tanto, que el asunto despierte un inusitado interés en el mercado legal, ya estemos en sistemas legales de Common Law o de Derecho Continental. Baste navegar por internet y realizar una búsqueda sobre herramientas de predicción judicial. Sin duda, la posibilidad de conocer de antemano el resultado de un potencial pleito con tal grado de acierto constituye una ventaja estratégica sin parangón.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. O así lo considera el legislador en Francia, donde en 2016 la herramienta Supra Legem -que entre otras cuestiones permitía el establecimiento de perfiles de jueces- generó mucha controversia. La ley nº 2019-222 de 23 de marzo de 2019, de programación 2018-2022 y de reforma por la justicia, ha puesto coto a estos avances, y de qué manera. Su artículo 33 (incluido en la sección tercera con lema “conciliar la publicidad de las decisiones judiciales y el derecho al respeto de la vida privada”) establece que “los datos de identidad de los magistrados y miembros de la Oficina Judicial no pueden ser reutilizados con el propósito o el efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o presuntas”. 

Tan en serio se lo han tomado en Francia -sede por cierto del Tribunal Europeo de Derecho Humanos- que la infracción de este precepto constituye un delito contra las personas por obtención y tratamiento ilícito de datos personales, contemplando penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 300.000,00€ y del que pueden responder, además, las personas jurídicas.

Si se analiza el iter parlamentario de la norma, su fundamento descansa en el respeto a la vida privada de los profesionales de la justicia y en el deseo de evitar una elaboración de perfiles de los jueces produciendo, en última instancia, lo que se conoce como “sesgo algorítmico”. Con ello, se pretende evitar posteriores presiones sobre éstos, eventuales recusaciones o, incluso, la elección interesada de la jurisdicción más favorable (forum shopping) pues todo ello, en última instancia, podría alterar el normal funcionamiento de la justicia y socavar la libertad de criterio e imparcialidad de los jueces.

Inicialmente, la proposición de ley resultaba también aplicable a los abogados participantes en un procedimiento para evitar la elaboración de un ranking de profesionales del sector legal. Sin embargo, los representantes de la abogacía francesa, una vez consultados sobre el texto de la proposición, optaron por la posibilidad de reutilización de sus datos con tal propósito. Por ello, la norma no les resulta finalmente de aplicación.

Por el momento, en España se permite la reutilización de sentencias siguiendo el procedimiento y las condiciones establecidas por el CGPJ. Además, ya existen productos -en una entidad menor que en las jurisdicciones anglosajonas- que permiten aplicar herramientas de predicción judicial. Incluso existen noticias que apuntan a que el CGPJ estaría valorando el uso de estas herramientas de justicia predictiva.

El caso francés es el primero que, desde la actuación legislativa, impide expresamente el uso del open data para el establecimiento de perfiles de jueces. Pero no parece ser el último país en el que vaya a producirse este debate: es muy probable que en el futuro asistamos a una discusión en el entorno de los países europeos -incluso en la propia Unión Europea- donde se analice la legalidad y viabilidad de la predicción judicial y los límites del establecimiento de perfiles de los jueces y del sesgo algorítmico.

Nota: este artículo ha sido publicado en "OTROSÍ", revista del Colegio de Abogados de Madrid.


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