25 March 2020

Medidas societarias que afectan al funcionamiento de las sociedades de capital para responder al impacto del COVID-19

A continuación resumimos las principales medidas previstas en materia societaria y de inversión extranjera que afectan al funcionamiento de las sociedades de capital, las cuales permanecerán en vigor hasta el 17 de abril de 2020 (salvo aquellas que prevén un plazo de duración determinado), sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley.

Celebración telemática de reuniones de los órganos sociales y adopción de acuerdos por escrito y sin sesión

El RDL 8/2020 prevé que, durante el periodo de alarma y pese a la falta de previsión estatutaria,

(i) las reuniones de la junta general, del consejo de administración así como de las comisiones que, en su caso, éste hubiera constituido, podrán celebrarse a través de videoconferencia siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto; y

(ii) los acuerdos de dichos órganos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, si así lo decide el presidente o lo solicitan, al menos, dos de los miembros del órgano. 

En estos casos, se entenderá que dichas reuniones habrán sido celebradas en el domicilio social de la compañía.

Flexibilización de los plazos para la formulación, auditoría y aprobación de cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas

Se suspende el plazo para la formulación de las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, así como del informe de gestión, si fuera exigible legalmente, y de los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar una vez finalizado el estado de alarma.

Si las cuentas del ejercicio anterior ya hubieran sido formuladas a la fecha de declaración del estado de alarma, se prorroga el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

La junta general ordinaria podrá aprobar las cuentas del ejercicio anterior dentro de los tres meses siguientes desde la finalización del plazo para formular las cuentas anuales.

A modo ejemplificativo, si el estado de alarma finalizara el 30 de abril de 2020, las sociedades de capital que no hubieran formulado cuentas, dispondrán hasta el 31 de julio para completar dicho trámite, debiendo someterse las cuentas a aprobación de la junta general con anterioridad al 31 de octubre de 2020. Continuando con el ejemplo, el plazo para la auditoría de las cuentas que ya hubieran sido formuladas antes del estado de alarma se prorrogaría hasta el 30 de junio.

Flexibilización en el lugar y fecha de convocatoria y en las formalidades para la celebración de juntas generales

El RDL 8/2020 prevé la posibilidad de modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta si la convocatoria se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, siempre que el día de celebración fuera posterior a dicha declaración y que dicha modificación se publique en la página web de la sociedad o, si ésta no existiera, en el Boletín oficial del Estado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. Si el acuerdo de convocatoria fuera revocado, la junta deberá ser convocada dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

En el supuesto de que se hubiera requerido la asistencia de un notario a la junta general para levantar acta de la reunión, se podrán utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

En las sociedades de capital, los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo, aunque concurra causa legal o estatutaria para ello.

Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas

Durante 2020 se aplicarán las siguientes medidas a las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea:

(i) la obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales podrá cumplirse hasta seis meses contados a partir del cierre de ejercicio social, extendiéndose dicho plazo a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral;

(ii) la junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social, esto es, hasta el 31 de octubre de 2020;

(iii) el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales. En el caso de que la convocatoria ya se hubiese publicado a la fecha de entrada en vigor del estado de alarma, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta; y

(iv) en el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria, y no pudiese hacerse uso de lo indicado anteriormente, se prevén medidas específicas alternativas. 

Excepcionalmente, serán válidos los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no esté contemplada en los estatutos sociales, siempre que todos los consejeros dispongan de los medios necesarios para ello. En tal caso, la sesión se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.

Aplazamiento de los plazos legales y estatutarios para la disolución de sociedades

Si durante la vigencia del estado de alarma transcurriera el término de duración de la sociedad de capital fijado en sus estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses desde la finalización de dicho estado.

Se suspende el plazo legal para la convocatoria de la junta general para adoptar el acuerdo de disolución hasta que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que, antes de su declaración o durante su vigencia, concurriera causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad.

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

Suspensión del plazo aplicable al deber de solicitud de concurso

Durante el estado de alarma, el deudor en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. 

Se suspende la admisión a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante el estado de alarma hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma. No obstante, si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso aunque hubiera vencido el plazo previsto legalmente.

Medidas de restricción a la inversión extranjera al objeto de proteger sectores estratégicos

Sujeción a autorización previa para la realización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos

De acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta del RDL 8/2020, se suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España que se realicen en los sectores que afectan al orden público, la seguridad pública y la salud pública (esto es, entre otros, infraestructuras, tecnología, suministro de energía, materias primas o seguridad alimentaria, sectores con acceso a información sensible o medios de comunicación), exigiéndose la obtención de autorización previa para obtener la plena validez de dichas operaciones de inversión.

A estos efectos, se consideran inversiones extranjeras directas en España todas aquellas inversiones realizadas por residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando el inversor pase a ostentar una participación de, al menos, el 10% del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad.

Asimismo, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España en los siguientes supuestos:

(i) si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país;

(ii) si el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro; o

(iii) si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades delictivas o ilegales.

La suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España regirá hasta que se dicte Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determine su levantamiento.

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