18 March 2020

Medidas fiscales y procesales urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 de manera inmediata

El viernes 13 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 de manera inmediata (“Real Decreto-Ley 7/2020”).

En el plano tributario, se concede el aplazamiento con dispensa de garantías del ingreso de determinadas deudas tributarias (incluido excepcionalmente el aplazamiento respecto de las retenciones practicadas de IRPF, cuotas de IVA y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que hasta ahora eran inaplazables) con un límite de 30.000 euros y por un plazo de seis meses (con una carencia de intereses de demora en los tres primeros meses) cuya solicitud ha de realizarse antes del 30 de mayo para todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de mayo de 2020.

Esta medida queda limitada a aquellas personas o entidades cuyo volumen de operaciones no sea superior en el ejercicio 2019 a seis millones de euros (i.e. PYMES y autónomos).

Por su parte, la Agencia Tributaria ha publicado unas instrucciones provisionales para solicitar los aplazamientos conforme a lo establecido en el Real Decreto-Ley 7/2020 y que puedes consultar aquí.

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El sábado 14 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Real Decreto Estado de Alarma”).

Como una de las medidas aprobadas, las Disposiciones Adicionales (“DA”) establecen la suspensión de plazos procesales, administrativos y civiles. 

Suspensión de los plazos procesales

Por un lado, la DA segunda prevé la suspensión de plazos procesales hasta que cese el estado de alarma, exceptuándose esta suspensión en determinadas actuaciones para evitar perjuicios irreparables.

Por lo que al orden jurisdiccional social se refiere, con la declaración del estado de alarma quedan suspendidas, en todo el territorio nacional, las actuaciones judiciales programadas así como los plazos procesales. No obstante, siguiendo en la línea del mantenimiento de los servicios esenciales, se mantienen las siguientes actuaciones: (i) la tramitación de los procesos de EREs y ERTEs, (ii) la celebración de juicios declarados urgentes por la ley, (iii) la adopción de las medidas cautelares urgentes y preferentes, (iv) los procedimientos de conflicto colectivos, y (v) los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.

Suspensión de los plazos administrativos

Por otro lado, la DA tercera suspende los plazos administrativos durante el periodo de alarma, habiéndose planteado la duda de si esto afectaba a los plazos de presentación de autoliquidaciones de impuestos de carácter periódico algo que parece haberse aclarado con el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Real Decreto 465/2020”), cuyo contenido se explica más adelante. 

Con independencia de lo anterior, existe una cláusula de excepción para aquellos procedimientos y resoluciones referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 

Por otra parte, la declaración de estado de alarma se traduce, asimismo, en la suspensión de los actos y plazos de conciliación administrativa laboral previos a los juicios de la jurisdicción social -actuaciones ante Servicios/Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación autonómicos-. En este sentido, los días que transcurran hasta el levantamiento del estado de alarma no computan a efectos de plazos generales (20 días hábiles para impugnar los despidos, 1 año para reclamaciones de cantidad, etc.).

Asimismo, a efectos de tramitación de prestaciones, las oficinas del SEPE mantienen el servicio telemático y telefónico ya que permanecerán cerradas al público -con excepciones-, por lo que se pueden solicitar las prestaciones por desempleo vía telemática sin perder el derecho a acudir a la vía judicial a la finalización de esta situación de emergencia excepcional.

Por último, se prevé la flexibilización de los plazos en materia de procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor así como por causas técnicas, productivas y/o organizativas (ERTEs).

Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad

En último lugar, la DA cuarta suspende los plazos de prescripción y caducidad durante el periodo de alarma.

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En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (“Real Decreto-Ley 8/2020”).

Suspensión de plazos tributarios

De manera complementaria a lo ya aprobado por el Real Decreto Estado de Alarma, el Gobierno Central ha regulado especialmente la suspensión de los procedimientos tributarios.

Así, de la lectura del Real Decreto-Ley 8/2020 parece inferirse que los plazos de pago de las deudas tributarias previstos para (i) las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, (ii) las deudas tributarias en periodo ejecutivo, (iii) los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, (iv) los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes, y (v) los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a 18 de marzo de 2020 se suspenderán hasta el 30 de abril de 2020.

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de abril de 2020.

En el mismo sentido, las deudas resultantes para los mismos supuestos establecidos en el segundo párrafo anterior iniciadas a partir del 18 de marzo se suspenden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

No obstante, si el obligado tributario, sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

De esta manera, parece inequívoco que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto Estado de Alarma así como el Real Decreto-Ley 8/2020, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, que mantendrán su plazo habitual, con independencia de poder solicitar aplazamientos o fraccionamientos bajo las normas aplicables.

Así lo ha puesto de manifiesto expresamente el Real Decreto 465/2020 el cual establece que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial (i.e. el propio Real Decreto 8/2020), ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias y la propia AEAT en su página web, que puedes consultar aquí.

Asimismo, el Real Decreto-Ley 8/2020 amplía el plazo de suspensión de los procedimientos administrativos tal y como lo regulaba el Real Decreto Estado de Alarma para otros procedimientos tributarios, entre los que destacan:

(i) El periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT (si bien durante dicho período la AEAT podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles) ni a efectos del periodo de prescripción ni caducidad.

(ii) Asimismo, a los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

(iii) En lo que se refiere al plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta el 30 de abril de 2020, o hasta que se haya producido la notificación, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

(iv) Finalmente, el período comprendido desde el 18 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la AEAT impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados

Se añade un nuevo número al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que regula las exenciones de dichos impuestos en virtud del cual se establece que las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados.

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El Ayuntamiento de Madrid impulsa un paquete de medidas fiscales con el objetivo de mitigar los efectos económicos negativos del COVID-19 

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la aprobación el pasado 12 de marzo de 2020 por parte de la Junta de Gobierno (a fecha de esta newsletter todavía no ha sido publicado dicho acuerdo) de una serie de medidas fiscales, únicamente para el ejercicio 2020, con el objetivo de mitigar los efectos económicos negativos que se pueden producir en determinados sectores de la economía de la ciudad siempre y cuando se mantenga el promedio de la plantilla de trabajadores entre los que destacan:

(i) Bonificación de la cuota íntegra del Impuesto los Bienes Inmuebles (“IBI”) del 25% a aquellos inmuebles destinados a los usos de ocio y hostelería y comercial son de especial interés o utilidad municipal por circunstancias de empleo, condicionada al mantenimiento del promedio de la plantilla de trabajadores durante el periodo impositivo 2020, la cual podrá ser solicitada por el sujeto pasivo antes del 15 de junio de 2020.

(ii) Bonificación de la cuota íntegra del Impuesto sobre Actividades Económicas del 25% a aquellos sujetos pasivos que tributen por cuota municipal en los epígrafes de ocio y restauración, agencias de viaje, comercial y grandes superficies en las mismas condiciones que las establecidas para el IBI.

(iii) Finalmente, se ha aprobado una moratoria en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la Tasa por Pasos de Vehículos y la Tasa de Cajeros Automáticos.

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El 17 de marzo de 2020 el Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia ha aprobado el Decreto Foral Normativo 1/2020, por el que se adoptan diversas medidas de carácter tributario dirigidas a mejorar la liquidez de los contribuyentes.

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia ha anunciado la aprobación el 17 de marzo de 2020 (a fecha de esta newsletter todavía no ha sido publicado por lo que habrá que esperar a su ratificación por parte de las Juntas Generales y publicación para ver el texto completo) una serie de medidas entre las que destacan:

(i) Ampliación de plazos de presentación e ingreso de autoliquidaciones, declaraciones y liquidaciones correspondientes al mes de febrero se amplía hasta el 14 de abril de 2020. Aquellas liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 16 de marzo de 2020, se extenderá el plazo de ingreso en 15 días naturales. Asimismo, para aquellas declaraciones y autoliquidaciones que no tengan la obligación de presentar telemáticamente, el plazo se amplía hasta el próximo 1 de junio. 

(ii) Aplazamientos excepcionales sin intereses de demora.

(iii) Se prevé un aplazamiento sin garantía y sin devengo de intereses de demora para las deudas tributarias de trabajadores autónomos y PYMES cuyo plazo voluntario de presentación e ingreso finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020. Para aquellos aplazamientos ya concedidos y que se encuentren vigentes, el pago correspondiente al mes de marzo se retrasa un mes, sin devengo de intereses de demora.

(iv) Los procedimientos tributarios de oficio cuya fecha de inicio estuviera prevista a partir de 16 de marzo de 2020 así como cualquier actuación que deba comenzar a instancia del contribuyente, siempre que la presentación telemática no sea obligatoria, se aplazan hasta el próximo 1 de junio, salvo para los procedimientos sancionadores, a las compensaciones de oficio, a los embargos y a las propuestas de liquidación del IRPF.

(v) Se suspende la tramitación de todos los procedimientos tributarios que se encuentren en curso entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020; así como para la contestación de requerimientos individualizados de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria.

(vi) La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado asimismo la intención de adelantar las devoluciones previstas para los próximos meses (i.e. IVA, IRPF).

(vii) Por último, aquellos contribuyentes de IRPF que realicen actividades económicas no estarán obligadas a presentar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

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