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Medidas fiscales previstas para el año 2021

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El pasado viernes, 30 de octubre, se publicó en el BOCG el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que ahonda la reforma fiscal iniciada con la publicación el 23 de octubre del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Destacamos las siguientes medidas contenidas en estos dos proyectos.

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la nueva normativa prevé una subida de dos puntos (hasta el 24,5% del tramo estatal) del tipo de gravamen aplicable a la base general a partir de 300.000€ ―lo que en Madrid, e.g., implicaría un tipo máximo del 47%, que es también el nuevo tipo aplicable en el régimen especial de trabajadores desplazados a las rentas superiores a 600.000€.

También se prevé la subida de tres puntos, del 23% hasta el 26%, del tipo de gravamen del IRPF aplicable a la base del ahorro para rentas superiores a los 200.000€.

Respecto del régimen antiabuso de transparencia fiscal internacional, aplicable también en el IS, se amplía el tipo de rentas susceptibles de ser objeto de imputación.

En el Impuesto sobre Patrimonio, se aumenta del 2,5% al 3,5% el tipo de gravamen aplicable a las bases imponibles superiores a 10,6M€.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se limita la exención sobre dividendos y plusvalías derivadas de la transmisión de participaciones al 95%, por lo que dichas rentas sufrirán un gravamen del 1,25%, incluso en sede de los grupos de consolidación fiscal. Esta misma limitación se establece en la deducción para evitar la doble imposición económica internacional.

Asimismo, se eliminan los beneficios fiscales que existen (fundamentalmente, exención y deducción por doble imposición) cuando una sociedad ostenta en otra una participación con un valor de adquisición superior 20M€, quedándose tales beneficios solo para los casos de participaciones de al menos el 5%, si bien se concede un régimen transitorio de 5 años a los supuestos ya consolidados.

Adicionalmente, se sustituye el régimen de aplazamiento por el de fraccionamiento del IS que se devenga cuando una entidad española traslada su residencia a un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, o cuando un establecimiento permanente cesa su actividad o la traslada al extranjero (el conocido como "exit tax").

En relación con el IS, además, hay dos medidas adicionales que, según ha anunciado el Gobierno, se incluirán en el trámite parlamentario de la norma antifraude: por un lado, la imposición a las SOCIMI de un gravamen especial del 15% sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sean objeto de distribución y, por otro lado, la devolución a la Administración Tributaria de la capacidad de comprobar el cumplimiento de los requisitos regulatorios de las SICAV.

En el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se incluye en la exención de intereses a los perceptores residentes en Estados del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información (i.e. Islandia, Noruega y Reino Unido durante el periodo transitorio), y, como en el IS y a salvo del mismo periodo transitorio, se elimina la exención de los dividendos distribuidos a sociedades matrices residentes en la UE con una participación en la sociedad española pagadora de valor superior a los 20M€ que no alcance el 5% de su capital. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, así como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio, se presumirá, salvo prueba en contrario, como valor de mercado de los bienes inmuebles, el valor de referencia publicado por la Dirección General del Catastro en su sede electrónica durante los veinte primeros días de diciembre de cada año, valor que se determinará a partir de todas las compraventas de inmuebles realizadas y formalizadas ante fedatario público.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas se crean cuotas nacionales para las comercializadoras de electricidad y gas.

En el procedimiento de recaudación, se modifica el sistema de recargos por presentación extemporánea de declaraciones y autoliquidaciones, que pasan a articularse como un 1% adicional por cada mes completo de retraso hasta transcurridos doce meses de dilación.

En el procedimiento sancionador, si bien se mantiene la reducción por conformidad del 30%, se incrementa la reducción de la sanción por pronto pago del 25% al 40%, pasando la reducción conjunta de la sanción del 47,5% al 58%. Asimismo, se eleva del 50% al 65% la reducción de las sanciones en los supuestos de actas con acuerdo.

Además, se amplía de tres a seis meses el plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador, y se establece una nueva infracción por la comercialización y uso de programas que permitan llevar una doble contabilidad.


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